El Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, se encuentra en el centro de una fuerte disputa entre dos grupos de tutores. Este sábado, aproximadamente 30 padres de familia se manifestaron frente a las instalaciones del plantel para rechazar las denuncias de abuso físico y sexual presentadas días atrás, exigiendo el retorno inmediato a las clases presenciales, las cuales fueron suspendidas tras el inicio de las indagatorias ministeriales.

Los padres que respaldan a la institución y a su directora, Judith Gasparyan, colocaron lonas y entregaron cartas a la Secretaría de Educación Pública asegurando que las acusaciones son falsas. Según su versión, el conflicto se originó por un problema personal entre una madre de familia y una docente ya cesada. Además, restaron importancia al hallazgo de una habitación oculta tras el salón de música —área que la dependencia educativa detectó como presuntamente clausurada en los planos oficiales—, argumentando que se trata de una vivienda de confianza vinculada a la dirección y no de un sitio para castigos.

En contraste con la defensa de este grupo de padres, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el pasado jueves que se mantienen abiertas al menos cuatro líneas de investigación por delitos cometidos en agravio de menores. La autoridad informó que uno de los peritajes realizados arrojó elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación específicamente de índole sexual.

Mientras la Fiscalía estatal avanza en la determinación de responsabilidades penales y en el desahogo de pruebas, la institución continuará operando bajo la modalidad de clases a distancia. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad escolar para denunciar cualquier situación irregular, subrayando que la prioridad del proceso es la protección de los derechos y la integridad de los menores involucrados.