El cierre de la investigación contra líderes de la iglesia La Luz del Mundo podría no ser definitivo. Un juez federal determinará si el caso se reabre, luego de que víctimas impugnaran la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal.

La audiencia está programada para el próximo 16 de abril y será encabezada por Juan José Rodríguez Velarde, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco. Ahí se analizará si procede revocar el llamado “carpetazo” que la Fiscalía dio a una investigación iniciada desde 2019.

Las denunciantes Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes fueron clave en el proceso judicial en Estados Unidos, sostienen que existen pruebas suficientes para continuar con el caso en México. Ambas lograron que el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, fuera condenado en ese país tras admitir su culpabilidad en abuso sexual de menores.

En contraste, en México la FGR determinó en diciembre de 2025 el “no ejercicio de la acción penal”, decisión que fue autorizada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. Esto ocurrió semanas después de la llegada de Ernestina Godoy al frente de la institución.

Las víctimas acusan que, pese a testimonios y evidencias presentadas, la Fiscalía busca cerrar el caso sin esclarecer posibles delitos como trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero. En la denuncia también se señala a diversos actores políticos y religiosos presuntamente vinculados a una red de protección e impunidad.

Además del proceso en México, el caso mantiene ramificaciones internacionales. En Estados Unidos, investigaciones abiertas incluyen posibles delitos de delincuencia organizada, mientras que autoridades financieras mexicanas han documentado movimientos irregulares y el congelamiento de cuentas ligadas a la organización.

La resolución del juez será clave para definir si el expediente se reactiva o queda definitivamente archivado. Para las víctimas, el fallo representa una oportunidad para evitar la impunidad y avanzar en el acceso a la justicia.