El gobierno de México adquirió medicamentos oncológicos falsificados que posteriormente fueron distribuidos en hospitales públicos, de acuerdo con una investigación internacional que documenta fallas en la cadena de suministro del sistema de salud. Registros de adquisiciones y almacén revelan que al menos 10 instituciones de salud pública compraron frascos de Keytruda que posteriormente fueron identificados como falsos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Los lotes involucrados —entre ellos T009249, T021792, U011628, U029451, DB50571, X015587, X003479 y Y011745— fueron adquiridos antes de que existieran alertas sanitarias, pero más tarde quedaron oficialmente catalogados como productos falsificados.

El dato central es que las instituciones públicas no solo detectaron estos medicamentos, sino que previamente los habían comprado dentro de procesos formales de contratación. Los frascos llegaron a unidades médicas del sector público, incluyendo servicios vinculados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al esquema de IMSS-Bienestar.

Esto implica que medicamentos catalogados posteriormente como falsos formaron parte del inventario institucional y, en algunos casos, fueron administrados a pacientes.

La investigación también identifica a empresas distribuidoras que, pese a haber sido señaladas o sancionadas tras la detección de irregularidades, continuaron obteniendo contratos gubernamentales.

Entre los casos documentados, una empresa sancionada por irregularidades en la entrega del medicamento recibió decenas de contratos posteriores por millones de pesos. Otra compañía vinculada a alertas sanitarias también mantuvo relaciones comerciales con dependencias públicas.

Esto evidencia fallas en los mecanismos de supervisión y control dentro de las compras gubernamentales de medicamentos. Desde 2022, la Cofepris ha emitido múltiples alertas sobre la falsificación de Keytruda en México. Sin embargo, estas advertencias ocurrieron después de que algunos lotes ya habían sido adquiridos e ingresados al sistema de salud.

A pesar de la magnitud del problema, la Fiscalía General de la República no ha logrado sentencias relacionadas con estos casos, aunque existen decenas de investigaciones abiertas por falsificación de medicamentos.

El caso expone debilidades en distintos niveles:

• Procesos de compra que no detectaron productos falsificados
• Controles insuficientes en la distribución y almacenamiento
• Falta de sanciones efectivas a proveedores
• Retrasos en la reacción institucional ante alertas sanitarias

La adquisición de medicamentos falsificados por parte del gobierno no solo representa un problema administrativo, sino un riesgo directo para pacientes que dependen de tratamientos de alta especialidad.

El caso evidencia cómo una falla en la cadena pública de suministro puede permitir la entrada de productos irregulares incluso en entornos hospitalarios, donde se supone que existen los mayores controles sanitarios.