El Senado de la República clasificó como reservada por un periodo de cinco años la documentación que acredita el uso de recursos públicos entregados a legisladores y grupos parlamentarios bajo el concepto de apoyos y ayudas legislativas.

La determinación se dio en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por el medio La Silla Rota, que solicitó copias en versión pública de facturas, comprobantes fiscales digitales (CFDI), contratos, pólizas, recibos, informes y demás documentos relacionados con el ejercicio de estos recursos durante 2025. De acuerdo con la respuesta oficial, contenida en el oficio SGSA/CT/UT/LXVII/0184/26, la Unidad de Transparencia del Senado informó que la Contraloría Interna solicitó la clasificación de la información al considerar que forma parte de procedimientos de fiscalización y auditoría que permanecen en trámite.

La decisión fue respaldada por el Comité de Transparencia de la Cámara alta, por lo que los documentos permanecerán fuera del acceso público durante los próximos cinco años o hasta que desaparezcan las causas que motivaron la reserva.

La medida impide conocer el destino específico de los recursos públicos asignados a senadores y bancadas, incluyendo los proveedores contratados, los bienes y servicios adquiridos, los montos ejercidos y las personas físicas o morales que recibieron pagos financiados con dinero público.

Los informes presupuestales del Senado muestran que, durante los primeros nueve meses de 2025, las distintas fracciones parlamentarias recibieron en conjunto 551 millones 211 mil 400 pesos, equivalente a un promedio mensual de 61.2 millones de pesos. La cifra representó un incremento de 36 por ciento respecto a los recursos asignados a los grupos parlamentarios durante la legislatura anterior.

La reserva de la información ocurre en medio de los llamados gubernamentales a fortalecer la austeridad y el combate a la corrupción. Sin embargo, especialistas en transparencia y rendición de cuentas han señalado que el principio de máxima publicidad establece que las instituciones públicas deben privilegiar el acceso a la información relacionada con el ejercicio del gasto público, especialmente cuando se trata de recursos provenientes del erario.

Aunque la legislación contempla mecanismos para proteger investigaciones o auditorías en curso, también prevé la elaboración de versiones públicas que permitan el escrutinio ciudadano sin afectar los procedimientos de fiscalización.

Con la resolución aprobada por el Senado, la ciudadanía no podrá revisar los documentos que acreditan cómo se ejercieron estos recursos, limitando la posibilidad de verificar si fueron utilizados conforme a criterios de legalidad, eficiencia y transparencia. Organizaciones de la sociedad civil han advertido en diversas ocasiones que el acceso a la información sobre el gasto legislativo constituye una herramienta esencial para prevenir actos de corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y generar confianza en las instituciones públicas.

El propio Senado reconoce dentro de sus obligaciones de transparencia que la información relacionada con el ejercicio del gasto público debe mantenerse disponible para consulta ciudadana, al tratarse de recursos financiados con dinero del erario.