Para contener la profunda crisis política en Acatlán de Osorio, la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) sentó en una mesa de diálogo urgente a la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas y a la totalidad de su Cabildo. Tras meses de hostilidad y con los canales de comunicación rotos, las partes firmaron un acuerdo en Casa Aguayo para unificar esfuerzos y destrabar el conflicto administrativo.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, con la intervención de la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La presencia de estas autoridades evidenció la gravedad de la situación en el municipio, golpeado por vacíos de poder y un severo deterioro de la seguridad.

Como principal consenso, se determinó establecer un calendario de reuniones periódicas entre el cuerpo edilicio y la Segob, mecanismo que funcionará como un arbitraje político continuo para evitar nuevos bloqueos. Asimismo, se pactó fortalecer la coordinación con los tres órdenes de gobierno y se confirmó que los servicios públicos en el Ayuntamiento ya operan con normalidad.

La mesa de diálogo ocurrió dos días después de que la policía estatal, mediante el uso del grupo antimotines, recuperara el control de la alcaldía. El inmueble había permanecido tomado por manifestantes y ocho regidores que impulsaban la revocación de mandato de la alcaldesa, bajo protestas que incluyeron denuncias de intimidación ciudadana.

Durante el primer día del plantón, la mayoría del Cabildo había aprobado destituir al secretario de Seguridad Pública por presuntos abusos de autoridad, y al secretario general por opacidad financiera. No obstante, la alcaldesa rechazó la validez de estas bajas y acusó un intento de desestabilización operado por el grupo delictivo “Los Rojos”, del cual afirmó haber recibido amenazas de muerte.

El conflicto escaló cuando los regidores opositores plantaron por ocho horas a una comisión de la Segob que viajó al municipio, exigiendo que el diálogo fuera público y en la alcaldía. Tras el posterior desalojo policial pacífico, las negociaciones se trasladaron a la capital, logrando finalmente el acuerdo preliminar de paz institucional.