La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) iniciaron investigaciones formales de manera independiente en contra de elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula; las indagatorias se desprendieron tras la viralización de videos en redes sociales que exhiben el uso excesivo de la fuerza y agresiones físicas durante el arresto de una madre de familia en presencia de sus dos hijos menores de edad.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 11 de junio en las inmediaciones del Parque Intermunicipal; en grabaciones realizadas por la propia hija de la afectada, se observa a varios uniformados someter violentamente a la mujer en el suelo, mientras la menor grita y denuncia que su madre fue jalada del cabello, en medio de un forcejeo generalizado donde los infantes resultaron afectados y la niña tuvo que recibir atención prehospitalaria por parte de paramédicos debido a la crisis y los jaloneos.

Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la CDH Puebla, confirmó que el organismo abrió una queja de oficio con carácter de urgente para salvaguardar los derechos fundamentales de las infancias involucradas. Sánchez Soya calificó la intervención de los uniformados como una “detención arbitraria” y detalló que el personal de la comisión localizó a los familiares directos para constatar que los menores fueran entregados en un estado de protección a su padre alrededor de las 20:05 horas de ese mismo día.

Por el contrario, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula emitió un comunicado oficial defendiendo la actuación de sus elementos, bajo el argumento de que aplicaron un uso proporcional de la fuerza.

De acuerdo con la corporación local, la conductora ingresó con una camioneta a una zona peatonal restringida y, al marcarle el alto, intentó darse a la fuga chocando contra unos maceteros. La SSPPC añadió que, tras ser presentada ante el Juez Calificador, el examen médico arrojó que la mujer se encontraba en “tercer grado de intoxicación etílica” y acusó a los familiares de mantener una actitud agresiva con la autoridad.

A pesar de la postura del municipio de San Andrés Cholula, la FGE abrió un expediente de atención temprana para determinar si los servidores públicos incurrieron en el delito de abuso de autoridad y lesiones, comprometiéndose a deslindar responsabilidades bajo un estricto principio de imparcialidad.