La Consejería Jurídica de la Presidencia enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas; el objetivo es —según el Gobierno de México— evitar que perfiles con posibles vínculos con la delincuencia organizada logren registrarse en las boletas para las elecciones intermedias de 2027.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, detalló que el nuevo organismo dependería directamente del Instituto Nacional Electoral (INE) y que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, quienes serían votados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años, funcionando como un puente de información confidencial entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad del Estado.

El mecanismo operará mediante la consulta directa de los historiales de los aspirantes con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Tras el cruce de datos, las autoridades de inteligencia entregarán un análisis de riesgo a los partidos políticos para que estos evalúen la viabilidad de sus candidatos, aunque la decisión final de mantenerlos o bajarlos de la contienda seguirá en manos de las fuerzas políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que esta iniciativa surge como respuesta directa a los hallazgos de la “Operación Enjambre”, un despliegue judicial que ha derivado en la captura de diversos alcaldes y exalcaldes coludidos con el crimen organizado. Entre los casos emblemáticos mencionó los nexos del Cártel de Sinaloa con ediles en Morelos, así como la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, ligado a una red de extorsión operada en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Debido a que se busca aplicar este filtro a partir del próximo año, Sheinbaum urgió al Poder Legislativo a extender la discusión del proyecto. Para lograrlo, anticipó que la bancada mayoritaria impulsará un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión con el fin de robustecer el marco electoral antes del arranque formal del proceso federal.