La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, aclaró la situación legal de Rubén Rocha Moya tras la petición de justicia realizada por Estados Unidos; hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional, la cual carece de los elementos de prueba necesarios para acreditar la urgencia del caso, explicó Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Alcalde detalló que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York omitió anexar pruebas que justifiquen un riesgo de sustracción de la justicia o de obstaculización del proceso por parte del gobernador con licencia de Sinaloa. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen las condiciones legales para proceder con una captura inmediata, ya que el mecanismo de detención provisional requiere demostrar una urgencia jurídica que no fue sustentada por las autoridades requirentes.

La consejera jurídica subrayó la diferencia técnica entre ambos procedimientos; mientras que la extradición formal exige una descripción del delito y pruebas robustas de vinculación, la detención provisional es un paso previo que debe acreditar una emergencia para que un juez de control en México autorice la aprehensión. Al no cumplirse este requisito, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos que amplíe la información y envíe los datos adicionales necesarios.

Finalmente, Alcalde enfatizó que el proceso no ha sido descartado, sino que se encuentra en una etapa de revisión técnica y legal. Aclaró que la decisión final no recae en el Poder Ejecutivo, sino en un juez de control, quien evaluará la evidencia una vez que Estados Unidos subsane las deficiencias de su solicitud original. Con esta explicación, el gobierno federal busca frenar la desinformación sobre la supuesta inacción ante los señalamientos contra el mandatario sinaloense.