La estrategia legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra altos funcionarios de Sinaloa no solo contempla penas de prisión, sino el desmantelamiento total de su estructura financiera mediante el decomiso de bienes.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, las autoridades estadounidenses emitieron notificaciones de decomiso que alcanzan al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gran Jurado determinó que, tras los delitos de conspiración para la importación de drogas, los acusados deberán ceder todos los bienes que representen ganancias obtenidas directa o indirectamente de estas actividades ilícitas.

La medida también incluye a figuras como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.

El documento establece que el decomiso abarca propiedades utilizadas para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, así como armas, municiones y equipo vinculado a estas operaciones.

Uno de los puntos clave es la disposición sobre bienes sustitutos, que permite a las autoridades confiscar otros activos de los acusados en caso de que los originales no puedan ser localizados, hayan sido transferidos o disminuyan de valor. Esta cláusula busca evitar que los implicados protejan su patrimonio mediante terceros o prestanombres.

Entre los objetivos de incautación se incluyen dinero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, así como armamento presuntamente utilizado por la organización criminal, como fusiles y explosivos.

En el caso de Juan Valenzuela Millán, señalado por secuestro con resultado de muerte, la orden contempla la entrega de todos los bienes derivados de dichas actividades, incluyendo montos equivalentes a las ganancias obtenidas.

La acusación se sustenta en presuntos sobornos sistemáticos pagados por el grupo delictivo a funcionarios, con montos mensuales que oscilaban entre miles de dólares a cambio de protección e información, en una red que, según el expediente, facilitó la operación de la facción conocida como “Los Chapitos”.