El gobierno de Estados Unidos que dio a conocer las primeras acusaciones formales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos en activo, también señaló presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos, dedicada principalmente al tráfico de drogas, incluido fentanilo.

Entre los nombres mencionados se encuentra el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, a quien se le acusa de fungir como enlace entre líderes del cártel y autoridades estatales, además de presuntamente facilitar la colocación de funcionarios afines a la organización criminal. También figura Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, señalado de entregar información sobre adversarios políticos para que fueran amenazados por el grupo delictivo.

En el ámbito de procuración de justicia, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra habría recibido sobornos mensuales a cambio de alertar sobre operativos y proteger a integrantes del cártel, mientras que exmandos de la Policía de Investigación como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez habrían colaborado directamente con la organización para facilitar sus operaciones.

Otro de los señalados es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, acusado de recibir sobornos y filtrar información sobre operativos, quien fungió como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, así como José Antonio Dionisio Hipólito, exmando policial, presuntamente involucrado en la protección de actividades ilícitas.

En el ámbito municipal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es señalado de recibir pagos y permitir la operación del grupo criminal sin intervención policial.

Las acusaciones también incluyen a Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal, quien presuntamente habría puesto a la corporación al servicio del cártel, incluso en acciones de alto impacto.

Estas imputaciones surgen en un contexto de tensión bilateral y deberán ser evaluadas por las autoridades mexicanas, particularmente por la Fiscalía General de la República, que determinará si existen elementos para iniciar procesos conforme a la legislación nacional.