La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión a semanas de iniciar la renegociación del T-MEC, marcado por el caso de los agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua y por presiones de Washington en materia de corrupción.

El conflicto se detonó tras la muerte de dos agentes estadounidenses el pasado 19 de abril en la sierra de Chihuahua, hecho que derivó incluso en la renuncia del fiscal estatal. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum exige claridad sobre lo ocurrido, declaraciones del embajador Robert Johnson elevaron el tono del diferendo.

Desde Sinaloa, el diplomático pidió “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción” para las inversiones, y advirtió que podrían venir “acciones significativas”, en un mensaje interpretado como presión directa hacia el gobierno mexicano. En paralelo, una investigación de Los Angeles Times señala que la administración de Donald Trump prepara acciones legales contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, lo que podría incluir denuncias penales en tribunales estadounidenses, además de la cancelación de visas.

El contexto es particularmente sensible, ya que ambos países se preparan para la revisión del T-MEC, un acuerdo clave para México, que depende de él para sostener gran parte de sus exportaciones en un entorno global incierto.

Ante este escenario, Sheinbaum respondió que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie”, afirmó, aunque también lanzó un mensaje directo a Washington al señalar que “en Estados Unidos también tienen que revisar casos”. Como parte de esa postura, el gobierno mexicano confirmó que ha solicitado la extradición de empresarios vinculados al llamado huachicol fiscal, en un intento por mostrar acciones propias contra la corrupción.

La polémica también alcanza al plano político interno. De acuerdo con reportes, entre los nombres señalados en investigaciones estadounidenses figuran el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, aunque el gobierno mexicano ha insistido en que no cuenta con información oficial al respecto.

En este contexto, la muerte de los agentes de la CIA sigue generando interrogantes. El gabinete de seguridad informó que ingresaron al país como turista y con pasaporte diplomático, y reiteró que el gobierno federal no fue notificado sobre su participación en operativos en territorio mexicano.

El episodio abre un frente delicado en la relación bilateral, donde seguridad, soberanía y comercio se entrelazan en un momento clave para ambos países.