El abogado Daniel Jesús Pérez denunció formalmente al empresario y exaspirante a la alcaldía de Cuautlancingo, Alfredo Romero Totolhua, por el presunto despojo de un predio de 3 mil 500 metros cuadrados en perjuicio de Petra Daniel Ortega. Según la acusación, el implicado habría utilizado documentación apócrifa y aprovechado el deceso de los propietarios originales durante la pandemia de Covid-19 para apropiarse del inmueble ubicado en el barrio de San Juan Calvario.

La defensa de la afectada explicó que, en 2020, Alejandro y Valentín Ramírez (esposo y cuñado de la víctima) arrendaron el terreno a Romero Totolhua. Tras el fallecimiento de ambos propietarios a los pocos meses, Petra Daniel fue reconocida como heredera universal. Sin embargo, a partir de ese momento, el empresario suspendió el pago de rentas y comenzó a ostentarse como dueño del predio mediante un poder notarial presuntamente falso, atribuido a la hoy clausurada Notaría 1 de Tepeaca, cuyo titular fue vinculado a proceso en 2022 por falsificación de documentos.

Al no lograr registrar la propiedad, el denunciado habría recurrido a una segunda estrategia: la falsificación de firmas de los finados en un pagaré para simular un adeudo y proceder con un embargo. Aunque la víctima logró una suspensión mediante un juicio de amparo —argumentando que el demandante intentó notificar a personas ya fallecidas—, el proceso se encuentra actualmente en revisión ante la justicia federal.

El predio en disputa, ubicado en la privada San Isidro y calle San Joaquín, alberga la gasera “RomeGas”, propiedad de Romero Totolhua. El inmueble se encuentra actualmente bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a investigaciones en curso por presuntas actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos (huachicol) y la distribución ilegal de gas LP.

Ante lo que califican como una dilación injustificada y el temor de que la influencia política del empresario obstruya la justicia —tras haberse repetido el juicio de reposición en cuatro ocasiones—, el abogado y la afectada solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier. El exhorto busca que el Ejecutivo estatal vigile el actuar de las instancias correspondientes y garantice una resolución apegada a derecho, evitando que el tráfico de influencias prolongue el estado de indefensión de la heredera.