Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Nacional del Senado aprobaron un punto de acuerdo para invitar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno; la citación programada para el próximo 28 de abril es para que explique la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en operativos de seguridad estatal, así como la omisión de informar oportunamente al Gobierno Federal sobre estas actividades, lo cual ha sido señalado por la bancada de Morena como una violación a la soberanía nacional y a la Constitución.

La discusión, que se prolongó por casi tres horas, estuvo marcada por intensos intercambios de descalificaciones entre el bloque de la 4T y la oposición; senadores de Morena, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral, acusaron a la administración estatal de ocultar información tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde fallecieron dos agentes extranjeros y dos responsables de seguridad locales. Corral calificó de “embaucamiento” el intento de la fiscalía chihuahuense de cambiar la versión inicial de los hechos para encubrir la infiltración de personal de la CIA en la Agencia Estatal de Investigación.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por Ricardo Anaya y Marko Cortés, pese a que votó a favor del dictamen para permitir que el debate llegue al Pleno, rechazaron los argumentos del oficialismo. Anaya sostuvo que la gobernadora no tiene inconveniente en acudir para “dar clases de cómo se combate al crimen organizado”, destacando el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio a gran escala. No obstante, el legislador panista retó a la mayoría parlamentaria a citar también a los gobernadores morenistas de Sinaloa y Baja California, Rubén Rocha y Marina del Pilar Ávila, para que respondan por la situación de violencia en sus respectivas entidades.

En contraste, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, votó en contra de la medida al considerar que el citatorio tiene una motivación “cien por ciento política”.