El diputado local por Morena, Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla que busca sancionar con rigor a los funcionarios penitenciarios que permitan la entrada de teléfonos móviles a los centros de reclusión. La propuesta establece penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación por una década para directivos, mientras que para los custodios las sanciones oscilarían entre los cuatro y ocho años de cárcel.

El objetivo central de la reforma es desmantelar los “call centers” que operan los internos desde el interior de las cárceles poblanas para realizar extorsiones telefónicas. Según el legislador, la introducción de estos dispositivos no es fortuita, sino que ocurre mediante la tolerancia o colusión del personal responsable de la seguridad interna.

La iniciativa pone especial énfasis en la responsabilidad de los altos mandos, argumentando que los directivos tienen bajo su control la operación de inhibidores de señal y protocolos de revisión que, en muchos casos, dejan de funcionar de manera deliberada. La reforma pretende tipificar como delito específico la omisión o acción que facilite el acceso a tecnología de comunicación no autorizada.

Trujillo de Ita subrayó que, sin consecuencias penales claras para los servidores públicos, las medidas tecnológicas actuales han resultado insuficientes para frenar las amenazas y engaños telefónicos que padece la población. La propuesta ha sido turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, abriendo el debate sobre la supervisión de los penales en el estado y el combate a la corrupción administrativa en el sistema penitenciario.