Plan B de Reforma electoral logra aval de 17 congresos en 12 horas; Puebla fue el sexto estado
La aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral marcó un nuevo récord legislativo al obtener el respaldo de al menos 17 congresos estatales —el mínimo requerido para validar una reforma constitucional— en apenas 12 horas.
La reforma fue aprobada a las 02:32 horas por la Cámara de Diputados y alcanzó su voto número 17 a las 12:30 horas en el Congreso de Veracruz, con lo que se cumplió el requisito constitucional en tiempo récord.
Entre las entidades que avalaron el dictamen se encuentra Puebla, que se convirtió en la sexta en aprobar la reforma. En el Congreso local, la iniciativa fue respaldada con 34 votos a favor y seis en contra, estos últimos provenientes de legisladores del PAN y PRI.
De acuerdo con el área jurídica del Poder Legislativo poblano, la reforma establece límites presupuestales para los congresos estatales; sin embargo, en el caso de Puebla no implicará un aumento, ya que su presupuesto se mantendrá en 0.3% del total asignado al Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, se prohíbe que los legisladores incrementen sus percepciones.
El Plan B fue aprobado también en estados como Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México, además de Veracruz. Con esta rapidez, la reforma supera el récord previo impuesto en septiembre de 2024 por la reforma al Poder Judicial, que había alcanzado las 17 aprobaciones en poco más de 21 horas.
Se prevé que en los próximos días tanto la Cámara de Diputados como el Senado realicen la declaratoria de validez constitucional. Posteriormente, los congresos locales deberán armonizar sus leyes para ajustar disposiciones como el límite de hasta 15 regidores y un síndico por ayuntamiento, así como topes al presupuesto de los poderes legislativos estatales y restricciones a prestaciones en organismos electorales.
Además, el Congreso de la Unión podrá establecer límites a las prestaciones de funcionarios del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de los cambios contemplados en la reforma.




