La exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, denunció un presunto esquema de corrupción y desvío de recursos públicos al interior de la representación diplomática en Londres, que —aseguró— no fue atendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni por su entonces titular, Juan Ramón de la Fuente, reportó Aristegui Noticias.

De acuerdo con un informe presentado en febrero de 2026 como parte del acta de entrega-recepción, la exdiplomática expuso irregularidades financieras, administrativas y operativas que atribuyó principalmente a Érika Pardo Rodríguez. Entre los señalamientos destaca un presunto esquema de simulación de contratos mediante una empresa de limpieza denominada “Easy Steps Cleaning Service LTD”, a través de la cual se habrían desviado aproximadamente 140 mil libras esterlinas —equivalentes a cerca de cuatro millones de pesos— hacia cuentas personales.

El documento detalla que los pagos se realizaban utilizando datos bancarios que, aunque correspondían a la supuesta empresa, permitían validar transferencias cuando se ingresaba como beneficiaria a Pardo Rodríguez o a su hija.

Asimismo, se acusa la manipulación de facturas de servicios, como un recibo de gas que habría sido alterado de 26 a más de 2 mil libras, así como el uso indebido de identidades y herramientas financieras de otros diplomáticos para autorizar movimientos. En el informe también se menciona la posible participación de otros funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, como David Nájera, Aureny Aguirre y Aníbal Gómez Toledo, además del primer secretario Octavio Perales Sánchez.

González-Blanco afirmó que presentó denuncias desde diciembre de 2024 y solicitó auditorías al Órgano Interno de Control; sin embargo, señaló que no recibió atención ni medidas precautorias para separar a la funcionaria señalada, pese a múltiples comunicaciones y solicitudes de audiencia. Incluso, sostuvo que el entonces canciller habría sido omiso ante las irregularidades, lo que, a su juicio, permitió la continuidad de las conductas denunciadas.

Por su parte, la Cancillería indicó en un comunicado que todas las denuncias por presuntas irregularidades son atendidas por el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control, instancias encargadas de realizar las investigaciones conforme a la ley.

El caso también se da en medio de señalamientos en contra de la propia exembajadora por presunto acoso laboral, los cuales —según reportes periodísticos— derivaron en múltiples renuncias dentro de la embajada desde 2022.