El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada al considerar que presenta conclusiones parciales y no incorpora información actualizada proporcionada por autoridades mexicanas.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, el análisis del Comité se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y se limita a cuatro entidades, sin reflejar la situación actual ni los cambios institucionales implementados en años recientes.

El gobierno señaló que el mecanismo de la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas son sistemáticas y atribuibles al Estado, lo cual —indicó— no corresponde al escenario actual del país.

Asimismo, se indicó que el propio informe reconoce la ausencia de indicios sobre una política federal orientada a cometer desapariciones de manera generalizada, lo que, según la postura oficial, evidencia una diferencia entre periodos previos y la actualidad.

En respuesta a las observaciones, México destacó reformas legales e institucionales adoptadas recientemente para fortalecer la atención a personas desaparecidas. Entre las medidas implementadas se encuentran la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y el desarrollo de bases de datos nacionales en materia de identidad e investigación.

También se informó sobre el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la coordinación entre fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y otras instancias vinculadas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El gobierno mexicano reiteró que mantiene cooperación con organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y manifestó disposición a continuar con asistencia técnica internacional, siempre que se base en diagnósticos actualizados.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la atención del problema de desapariciones, mediante el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la justicia para las víctimas.