La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral, el cual tiene como eje central la reducción de costos en el sistema electoral y la eliminación de beneficios considerados excesivos dentro de organismos públicos.

Entre los principales cambios se encuentra el ajuste al presupuesto y a las condiciones laborales de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de limitar el gasto público destinado a prestaciones y sueldos.

La reforma también incorpora modificaciones a nivel local, incluyendo límites en la integración de los ayuntamientos y topes en los presupuestos de los congresos estatales, como parte de una estrategia más amplia para contener el crecimiento del gasto gubernamental.

El enfoque de la iniciativa se centra en reorientar recursos públicos hacia sectores prioritarios como salud, educación y programas sociales, en un contexto de ajustes fiscales y revisión del gasto público.

Además, se contempla una reducción en los recursos asignados al Senado de la República, así como la aplicación de criterios de austeridad en distintos niveles de la administración pública.