Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el dictamen del Plan B de la reforma electoral, el cual plantea que la consulta de revocación de mandato pueda realizarse el 6 de junio de 2027, en coincidencia con las elecciones intermedias.

De acuerdo con el proyecto, la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del mandato presidencial, lo que permitiría empatar este ejercicio con la renovación de cargos públicos a nivel federal y local, incluyendo la elección de gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos.

El dictamen fue aprobado con los votos de Morena y el Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. En tanto, legisladores del Partido del Trabajo no participaron en la votación. El documento será turnado al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.

Entre los cambios propuestos, se establece la modificación del artículo 35 constitucional para regular la revocación de mandato bajo este esquema concurrente, con el argumento de reducir costos operativos y concentrar la participación ciudadana en una sola jornada electoral.

Asimismo, la iniciativa contempla ajustes al artículo 116 constitucional, entre ellos un límite al presupuesto de los congresos locales, que no podrá superar el 0.70% del gasto estatal, así como disposiciones salariales para que funcionarios electorales no perciban ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal.

El dictamen también incluye una reducción gradual del presupuesto del Senado y ajustes en la integración de los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 regidurías.

Otro de los puntos relevantes es que la persona titular del Ejecutivo federal podría difundir el proceso de revocación de mandato durante su desarrollo, lo que ha generado debate en torno a la equidad en la contienda, debido a su coincidencia con campañas electorales.

La propuesta se enmarca en la discusión nacional sobre cambios al sistema electoral y mecanismos de participación ciudadana, cuyo desenlace dependerá de la votación en el Pleno.