La opacidad en el sistema de pensiones de la vieja guardia burocrática ha quedado al descubierto, pues la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno publicó una base de datos detallada que exhibe las pensiones millonarias de exfuncionarios de organismos financieros y empresas productivas del Estado. El informe revela cifras superan el millón de pesos mensuales, rebasando por mucho el salario de la Presidencia de la República.

El análisis institucional pone bajo la lupa a entidades como Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Es precisamente en esta última, extinguida desde 2009, donde se localizan los casos más extremos. Jorge Evodio Chapa, exbeneficiario de LyFC, encabeza la lista con una percepción mensual de un millón 77 mil 533 pesos. A pesar de su desaparición hace 17 años, la empresa mantiene una nómina de 13 mil 490 jubilados que le cuestan al erario cerca de 1,788 millones de pesos cada mes, albergando a cuatro de los pensionados más acaudalados del país.

Por su parte, la industria energética no se queda atrás en el despliegue de recursos; en Petróleos Mexicanos, la jubilación más alta corresponde a Carlos Arturo Sánchez Magaña, quien recibe 1 millón 107 mil pesos mensuales, dentro de una bolsa total de 1,377 millones destinados a más de 22 mil pensionados. En contraste, la Comisión Federal de Electricidad es la institución con el mayor volumen de personas bajo este esquema, con 54 mil 391 jubilados, lo que representa un desembolso mensual de 3,636 millones de pesos.

El sector financiero del Estado también muestra brechas significativas. Instituciones como Bancomext, Banobras y Nacional Financiera concentran pagos que oscilan entre los 214 mil y los 285 mil pesos mensuales por individuo. Destaca el caso del desaparecido Banrural, que aún mantiene un gasto de 137 millones de pesos al mes para cubrir a 5 mil 275 expleados.

La publicación de estos datos en https://transparencia.gob.mx/consulta/consulta_pensiones.html busca fomentar el escrutinio público sobre el uso de recursos destinados a una élite de exfuncionarios que, bajo esquemas previos, aseguraron retiros dorados financiados por los contribuyentes.