Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron la renuncia del secretario general del Congreso del Estado de Puebla, Leopoldo de Lara, al acusarlo de ocultar durante seis meses información a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla (Jugocopo).

La polémica surgió luego de que se revelara que la Secretaría General y la Dirección Jurídica del Congreso no informaron oportunamente sobre una controversia constitucional presentada por el Gobierno de México contra el Poder Legislativo estatal.

El 10 de marzo, la diputada del PAN Susana Riestra Piña señaló que la controversia fue presentada desde septiembre de 2025 y que la Jugocopo no fue notificada.

El recurso legal fue promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que el Congreso local excedió sus facultades en disposiciones de la:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla,

Ambas normas fueron aprobadas por el Legislativo poblano en junio de 2025.

Coordinadores parlamentarios solicitaron conocer las razones por las que la Jugocopo no fue informada sobre la controversia desde su llegada, pese a que incluso ya se había enviado una respuesta en noviembre de 2025.

La diputada del PRI Delfina Pozos calificó el hecho como una omisión que no debe repetirse, mientras que el legislador del PAN Marcos Castro consideró necesario corregir la situación para garantizar que los asuntos jurídicos se informen oportunamente al órgano de gobierno del Congreso.

Durante el debate legislativo, diputados de Morena y sus aliados evitaron emitir una postura pública sobre la exigencia de renuncia.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, informó que las áreas involucradas se comprometieron a mejorar la comunicación interna y a informar de manera constante sobre los asuntos jurídicos que lleguen al Congreso.

Cuando se presentó la controversia en septiembre, la presidencia de la Jugocopo estaba a cargo de Laura Artemisa García Chávez, quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla.

Posteriormente, en noviembre, cuando se respondió a la SCJN, el órgano ya era presidido por el diputado Gaspar Ramírez, quien tampoco habría sido informado sobre el proceso.

A las críticas se sumó la diputada local Grace Palomares, quien en redes sociales cuestionó el funcionamiento del área jurídica del Congreso y señaló que el avance de iniciativas legislativas no debería depender de decisiones individuales dentro de esa dependencia.