Integrantes de diversos pueblos originarios de la Sierra Negra tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tehuacán para exigir su incorporación inmediata al Catálogo Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, trámite que, según denuncian, lleva más de dos años detenido.

La protesta incluyó el cierre de las oficinas y el bloqueo parcial del boulevard Pastor Rouaix, donde los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta obtener acuerdos por escrito. Además del registro oficial, la asamblea comunitaria exige la destitución de Leonel Becerra, titular del Centro Integrador en Tehuacán, a quien acusan de entorpecer la entrega de documentación y de falta de sensibilidad hacia las comunidades.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la forma en que el INPI realiza los registros; los inconformes señalaron que la dependencia emite constancias que agrupan a varias comunidades en un solo registro municipal, lo que vulnera su autonomía. Esta situación provoca que los apoyos gubernamentales y recursos para obras queden bajo el control de los ayuntamientos y no lleguen directamente a las localidades indígenas.

A la movilización se sumaron representantes de municipios como Ajalpan, San Pablo Zoquitlán, San Sebastián Tlacotepec y Vicente Guerrero. Tan solo en Vicente Guerrero, se reportan 26 comunidades fuera del catálogo, lo que les impide acceder de manera formal a programas federales y al reconocimiento de sus sistemas de organización interna, como la entrega del bastón de mando.

Finalmente, los manifestantes fijaron un plazo de 15 días para que sus demandas sean resueltas por las autoridades federales. Entre sus condiciones para liberar las oficinas, exigen que los próximos encargados de la delegación sean integrantes auténticos de los pueblos originarios y hablantes de lenguas maternas, garantizando así una atención digna y sin barreras culturales para la región.