En Puebla, el delito de violación a la intimidad sexual, incorporado al marco legal tras la llamada Ley Olimpia, no ha derivado en ninguna sentencia condenatoria en los últimos cinco años, pese a que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició 1,706 carpetas de investigación entre 2020 y junio de 2025.

De acuerdo con datos oficiales obtenidos vía transparencia, las denuncias han mostrado una tendencia creciente desde 2020, año en que comenzaron los registros disponibles y que coincidió con el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ese año se abrieron 207 investigaciones, de las cuales 37 correspondieron a víctimas menores de edad.

En 2021 la cifra aumentó a 260 casos, con 36 menores afectados. Para 2022 se reportaron 295 carpetas, incluyendo 46 víctimas infantiles o adolescentes. El punto más alto se registró en 2023, con 386 investigaciones, 48 de ellas relacionadas con personas menores de edad. En 2024 se contabilizaron 380 denuncias, con 44 víctimas menores, mientras que en el primer semestre de 2025 sumaron 170 casos, 20 de ellos vinculados a niñas, niños o adolescentes. En conjunto, el 13.5 por ciento de las querellas del periodo analizado corresponde a víctimas infantiles o juveniles.

A pesar del incremento sostenido en las denuncias, la FGE informó que no hubo vinculaciones a proceso ni sentencias condenatorias por este delito, el cual puede alcanzar penas de hasta seis años de prisión según el Código Penal estatal.

El tipo penal se fortaleció en México a partir de las reformas impulsadas por la activista Olimpia Coral Melo, cuyo caso derivó en modificaciones legislativas para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. A nivel nacional, la denominada Ley Olimpia ha sido incorporada en los códigos penales de las 32 entidades federativas, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que incluye este ilícito dentro de las estadísticas de violencia digital.

Especialistas en derecho digital y procuración de justicia advierten que la falta de resoluciones judiciales refleja obstáculos estructurales, particularmente en la obtención, preservación y validación de pruebas electrónicas. Entre los retos señalados se encuentran la ausencia de protocolos homologados para la admisión de evidencia digital en tribunales, la limitada capacitación en informática forense y los tiempos prolongados de cooperación con plataformas tecnológicas extranjeras para la entrega de datos.

Diversos análisis académicos coinciden en que la violencia digital tiene efectos que trascienden el entorno virtual, al impactar la salud emocional, la autoestima y la seguridad de las víctimas, por lo que subrayan la necesidad de fortalecer capacidades institucionales y garantizar acompañamiento jurídico y psicológico integral para que las denuncias puedan avanzar hasta obtener resoluciones judiciales efectivas.