Doce de los diputados de la LVIII Legislatura local que entre 2012 y 2013 aprobaron la Ley de Agua del Estado de Puebla y las reformas que permitieron la concesión del servicio en la capital y su zona conurbada encontraron posteriormente espacio en la llamada cuarta transformación, que en dos administraciones ha planteado sin éxito rescindir el contrato con la empresa Concesiones Integrales.

De acuerdo con los registros de votación, el 14 de diciembre de 2012 los exlegisladores avalaron por unanimidad la nueva legislación, que incluyó un capítulo sobre “participación del sector social y privado”, lo que abrió la puerta a la contratación de empresas para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

En esa sesión, la mayoría de los diputados del PRI no advirtió que se daba sustento jurídico a la concesión, al tratarse de una votación fast track que, según versiones posteriores, fue interpretada como cambios administrativos. Nueve meses después, en septiembre de 2013, nueve de los 13 legisladores priistas votaron en contra de la reforma que retiró al Congreso la facultad de regular las tarifas del servicio. Para modificar la Constitución se requirió mayoría calificada; en cambio, la reforma posterior se aprobó por mayoría simple.

Entre quienes posteriormente se incorporaron a cargos vinculados con la 4T se encuentra Denisse Ortiz Pérez, entonces diputada del PAN, quien durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta fue directora del Sistema Estatal DIF.

Lauro Sánchez López, exlegislador priista, se desempeña actualmente como director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE) en el gobierno de Alejandro Armenta Mier. En tanto, Guillermo Aréchiga Santamaría, entonces integrante del PAN, fue secretario de Movilidad y Transporte con Barbosa.

Por su parte, José Juan Espinosa Torres, exdiputado de Convergencia, fue legislador local por el PT entre 2018 y 2021; posteriormente rompió con ese grupo y se incorporó al PRI tras investigaciones por presunta corrupción.

Eric Cotoñeto Carmona, quien avaló y defendió las reformas, fue operador político de Barbosa y hoy es director de Construcción Ciudadana y Participación Social de la Secretaría de Gobernación estatal.

También figura Edgar Escorza, exdiputado del PRI, recientemente nombrado asesor de Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local.

Héctor Alonso Granados, exdiputado de Nueva Alianza, fue legislador local por Morena en la LX Legislatura, aunque en 2019 fue expulsado del partido.

Felipe David Espinoza Rodríguez, entonces diputado del PRI, actualmente encabeza el Instituto Poblano de Atención al Migrante Poblano. Jesús Vázquez Viveros se desempeña como director jurídico de Museos de Puebla; Hugo Alejo Domínguez se sumó en 2019 a la campaña de Barbosa; Jorge Luis Coriche Avilés es director de Recursos Materiales del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano; y Enrique Nacer Hernández ocupa la subdirección general de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTEP.