La comunidad de Sanctorum, en el municipio de Cuautlancingo, enfrenta una profunda crisis en su entorno educativo tras darse a conocer la agresión sexual contra un alumno de sexto grado al interior de una escuela primaria pública. El caso generó indignación entre madres y padres de familia y puso en evidencia deficiencias en los protocolos de prevención, atención y respuesta ante hechos graves de violencia escolar.

La agresión ocurrió dentro de la escuela primaria “Vicente Lombardo Toledano”, específicamente en los sanitarios del plantel, donde el menor fue atacado por un grupo de compañeros del mismo grado. Aunque los hechos se habrían registrado en noviembre de 2025, la situación salió a la luz hasta finales de enero, cuando el estudiante se negó a regresar a clases y decidió informar a su familia sobre lo ocurrido.

Tras conocer el caso, los padres acudieron a la dirección de la escuela para solicitar la activación de los mecanismos de protección correspondientes. No obstante, señalaron una respuesta institucional insuficiente, en la que no se adoptaron medidas inmediatas para salvaguardar al menor ni para atender la gravedad del hecho, lo que incrementó la percepción de revictimización y omisión.

Ante la falta de garantías de seguridad, la familia optó por retirar al alumno del plantel y presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, acción que marcó un punto de quiebre dentro de la comunidad escolar y detonó una reacción colectiva entre otros tutores.

El descontento se extendió rápidamente, con padres de familia cuestionando la seguridad del plantel y el actuar del personal educativo. El martes 3 de febrero, decenas de tutores se manifestaron afuera de la escuela y realizaron una asamblea en la que exigieron medidas inmediatas, entre ellas sanciones por posibles negligencias, acciones preventivas reales y condiciones que garanticen la integridad del alumnado.

Como medida provisional, el grupo de sexto grado fue enviado a clases a distancia, mientras que familias de otros niveles decidieron no llevar a sus hijos al plantel hasta contar con condiciones claras de seguridad. La situación también generó división en torno a posibles esquemas de vigilancia escolar, ante el debate sobre la protección de la privacidad de niñas y niños.

El caso mantiene bajo escrutinio a las autoridades educativas y judiciales, frente a una comunidad que demanda justicia, acompañamiento a la víctima y cambios estructurales en la atención de la violencia dentro de las escuelas. Para los padres inconformes, la protección de los derechos de la infancia debe traducirse en acciones efectivas, no en omisiones institucionales.