La inseguridad en las regiones limítrofes de Puebla ha obligado al Gobierno del Estado a asignar escoltas de la Policía Estatal a siete presidentes municipales. Esta medida se intensificó tras el reciente atentado contra la alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero, Alicia Guerrero Hernández, cuya unidad recibió 11 impactos de bala mientras se dirigía a la Ciudad de México. El ataque, ocurrido en territorio de Tlaxcala, mantiene al chofer de la funcionaria hospitalizado, aunque se reporta estable.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que la alcaldesa ya se reunió con el gobernador Alejandro Armenta para formalizar la solicitud de protección. Durante el encuentro, Guerrero Hernández aportó nombres de personas de su región que podrían estar vinculadas a la agresión. Debido a la ubicación geográfica de Ayotoxco, las autoridades no descartan que el ataque tenga relación con grupos delictivos que operan en la colindancia con el estado de Veracruz.

Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un intento de asalto, la magnitud y precisión del ataque sugieren una agresión directa. Hasta el momento, además de la edil de Ayotoxco, otros alcaldes que cuentan con protección oficial son los de San Salvador Huixcolotla, Ixcamilpa de Guerrero y Eloxochitlán, municipios que han reportado amenazas previas o situaciones de riesgo latente por la presencia de grupos criminales.

En un contexto paralelo de justicia y seguridad, Aguilar Pala se pronunció sobre la reciente detención de Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan. El exfuncionario fue capturado en Tlaxcala bajo cargos de extorsión y delincuencia organizada. El secretario fue enfático al señalar que el estatus legal del exedil está plenamente en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), evitando vincular este proceso con la seguridad de los alcaldes en funciones.

La situación actual refleja la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante la delincuencia organizada. Con siete alcaldes bajo custodia y una investigación abierta que apunta a disputas territoriales en las zonas fronterizas, el Gobierno del Estado mantiene vigilancia permanente para evitar que la violencia política y criminal escale durante el presente periodo administrativo.