El gobernador Alejandro Armenta presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Puebla y endurecer las sanciones por despojo inmobiliario, delito que su administración identifica como una práctica organizada conocida como el “Cártel del Despojo”.

La propuesta, turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, busca incorporar agravantes cuando en estos ilícitos participen servidores públicos, notarios o se utilicen documentos falsos para despojar a personas de sus propiedades, así como cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.

De acuerdo con la ficha técnica enviada por el Ejecutivo estatal, el despojo inmobiliario opera de manera sistemática con la intervención de autoridades municipales, funcionarios públicos y notarías, mediante actos simulados o registros irregulares en el Registro Público de la Propiedad.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que el gobierno estatal ha detectado al menos diez notarías presuntamente involucradas en este tipo de delitos, así como posibles responsabilidades de jueces y magistrados, principalmente en municipios como San Pedro y San Andrés Cholula.

La iniciativa forma parte de un paquete enviado al Congreso el 29 de enero y busca fortalecer el marco legal para frenar este modus operandi, que, según el gobierno estatal, ha afectado de manera recurrente a propietarios en distintas regiones de Puebla.