El Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema de Puebla devolvió 1 200 732 pesos a la Tesorería de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2025, al no lograrse comprobar plenamente el uso de ese monto dentro del periodo establecido. La cifra representa el 34.8 % de los 3.4 millones de pesos que se asignaron originalmente para la operación del refugio durante ese año.

La devolución fue formalizada a través del oficio SM/SPVD/DAMVV/006/2026, firmado por Rosa Lima Rodríguez, directora de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de las Mujeres de Puebla, con fecha del 13 de enero de 2026. En el documento se solicitó la emisión de líneas de captura para regresar los recursos que no pudieron ser justificados con acciones comprobables dentro del ejercicio fiscal anterior.

Este reintegro se produjo luego de que instancias del Gobierno federal observaran omisiones en la comprobación del gasto en la revisión parcial del informe del 15 de septiembre de 2025, donde se señaló que el refugio no había acreditado el destino de los recursos transferidos desde el 9 de julio de ese mismo año. La federación requirió entonces al estado demostrar, al menos, el 50 % del ejercicio presupuestal en un plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

En respuesta, la Secretaría de las Mujeres de Puebla aclaró que la devolución obedeció a tiempos y procedimientos administrativos, ya que parte de los recursos estaban etiquetados para la contratación de servicios profesionales, cuyos procesos de autorización pueden tardar hasta dos meses conforme a la normativa federal. Señaló que no hubo un manejo indebido de los recursos, sino una administración ajustada a los plazos y reglas vigentes.

Según la dependencia, el monto reintegrado correspondía a rubros previstos para los meses de junio, julio y parte de agosto de 2025, periodos en los cuales no fue posible ejecutar el gasto por los tiempos de contratación. Asimismo, destacó que, por disposición de las reglas de operación federal, los recursos no podían reorientarse a otros programas o áreas, lo que obligó a su retorno.

A nivel nacional, los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema forman parte de los programas federales que operan bajo una normatividad estricta para garantizar transparencia y atención especializada. Estos fondos no solo cubren protección, alojamiento y servicios integrales, sino que también están sujetos a mecanismos de supervisión como auditorías, contralorías sociales y revisiones periódicas de cumplimiento de la normativa financiera y operativa.

Diversas organizaciones de sociedad civil han señalado que el uso y seguimiento de estos recursos es fundamental para garantizar que las mujeres y sus familias accedan a atención de calidad; también han subrayado que la falta de ejecución oportuna de presupuestos puede limitar la respuesta en situaciones de alta vulnerabilidad, aunque reconocen la complejidad de los requisitos administrativos.

La devolución de un monto significativo del presupuesto anual pone en evidencia la dificultad que enfrentan algunas instancias para ejecutar recursos en tiempo y forma, al mismo tiempo que destaca la importancia de los mecanismos de control para asegurar transparencia y eficacia en la protección de las personas usuarias de estos refugios.