Entre 2020 y 2025, 245 menores de edad fueron detenidos en Puebla por posesión de sustancias ilegales, principalmente marihuana, cocaína y metanfetamina, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE). La mayor concentración de casos se registró entre adolescentes de 14 a 17 años, aunque la mayoría no fue llevada a proceso penal.

El desglose anual muestra que 2022 fue el año con más detenciones (78), seguido por 2020 (50), 2021 (40), 2023 (36), 2024 (26) y 2025 con 17. De los 245 implicados en posesión de drogas, solo 14 fueron vinculados a proceso, lo que representa un 5.7% del total; en el 94.3% de los casos, los jueces consideraron que no existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal formal.

Los rangos de cantidad de droga incautada varían considerablemente: algunos casos implicaron dosis menores, mientras que otros alcanzaron hasta cerca de un kilogramo de metanfetamina (843.4288 gramos). Ejemplos de 2024 y 2025 incluyen una adolescente de 15 años en Cuautlancingo con más de 9 gramos de metanfetamina y una joven de 17 años en la capital poblana con 54 gramos de marihuana, casos en los que no se otorgó vinculación a proceso. En contraste, en 2025 un joven de 17 años en San Andrés Cholula fue vinculado a proceso por portar más de 4.9 gramos de metanfetamina.

El tratamiento legal de adolescentes en delitos como posesión de drogas se realiza bajo marcos jurídicos especializados en México que priorizan la reinserción social sobre el castigo carcelario, y que contemplan mecanismos como criterios de oportunidad, tratamiento en centros de integración y supervisión continua de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

Diversos factores han sido señalados como parte del entorno que influye en la exposición de menores a situaciones de riesgo, incluidos patrones de convivencia familiar, ausencia de figuras de apoyo, la normalización temprana de conductas con sustancias como alcohol o vapeadores, y las estrategias de grupos delictivos que reclutan a adolescentes aprovechando los beneficios jurídicos de su edad.

Abordar esta problemática implica un trabajo coordinado entre familias, sociedad y autoridades, enfocado en la detección temprana de conductas de riesgo, educación preventiva y el refuerzo de redes de apoyo para niñas, niños y adolescentes.q