Entre enero de 2023 y agosto de 2025 se presentaron 162 denuncias por tala clandestina en Puebla ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero solo 15 de esos casos derivaron en sanciones, lo que equivale a una impunidad de 90.75 %, según información oficial obtenida mediante una solicitud de transparencia.

Durante ese periodo la Profepa realizó apenas 32 visitas de inspección para verificar actividades ilícitas relacionadas con aprovechamiento forestal ilegal —15 en 2023, 13 en 2024 y cuatro en los primeros ocho meses de 2025—, una proporción inferior a una quinta parte de las denuncias recibidas. De las denuncias acumuladas, nueve de 2024 permanecían en trámite al corte de la respuesta institucional.

En 2023 se registraron 68 denuncias en 37 municipios, con Puebla capital (siete), Ixtacamaxtitlán (cinco) y Zacatlán (cuatro) como los principales focos. De esos casos, ocho derivaron en sanciones y 12 estaban abiertas hasta agosto de 2025. En 2024 se presentaron 63 denuncias, principalmente en Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán y Tetela de Ocampo, pero sólo seis obtuvieron sanción y 25 expedientes continuaban abiertos al momento del reporte. En los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron 31 denuncias, con Zacatlán y Tlatlauquitepec encabezando el registro con cuatro cada uno, y una sola sanción emitida en ese lapso.

Zacatlán, el municipio con mayor número de casos en tres años (13), recibió únicamente tres inspecciones y tres sanciones en ese mismo periodo, sin que se realizaran visitas en 2024, lo que pone de manifiesto la disparidad entre denuncias ciudadanas y acciones verificadoras de la autoridad ambiental.

La Profepa reconoce al menos tres modalidades de tala clandestina:

• Tala hormiga, realizada por pequeños grupos para autoconsumo.
• Tala organizada, con uso de motosierras, camiones y comunicaciones.
• Redes de explotación forestal, que abarcan desde la extracción hasta la comercialización de madera.

Las especies arbóreas más frecuentemente traficadas en denuncias incluyen ciricote, chicozapote, caoba, cedro rojo, katalox, machiche, huanacaxtle, pino, oyamel y granadillo (cocobolo), maderas de alto valor comercial y ecológico.

Profepa ha señalado que la tala ilegal y la deforestación resultante tienen consecuencias ambientales profundas: contribuyen al cambio climático, degradan suelos, reducen la biodiversidad, ponen en riesgo acuíferos y pueden provocar el desplazamiento de comunidades que dependen del bosque.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código Penal Federal contemplan sanciones que incluyen multas cuantificadas en días de salario mínimo o UMAs, penas de prisión de uno a nueve años o más, decomiso de maquinaria y vehículos, así como obligaciones de reparación del daño ambiental y medidas correctivas como reforestación en zonas afectadas.