El gobierno de Puebla avanza en la definición de una estrategia integral para revisar y, en su caso, modificar el esquema de concesión del servicio de agua potable en la capital y la zona metropolitana, al considerar que el modelo vigente ha privilegiado intereses privados por encima del interés público.

La administración estatal evalúa distintas rutas jurídicas y financieras para renegociar o eventualmente poner fin al contrato con la empresa encargada del suministro, con el objetivo de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y no como un servicio sujeto a fines de lucro. En este análisis se reconoce que una cancelación directa del contrato implicaría un impacto económico elevado para las finanzas públicas, por lo que se prioriza una revisión cuidadosa del marco legal y contractual.

El diagnóstico oficial también contempla la participación de capital extranjero en la empresa concesionaria, lo que ha reforzado la necesidad de revisar el modelo de privatización de un recurso estratégico. El propósito central es asegurar el abasto suficiente, continuo y de calidad para la población, sin poner en riesgo la estabilidad del servicio ni el patrimonio del Estado.

Desde la perspectiva del gobierno estatal, la concesión del agua forma parte de una serie de esquemas heredados de administraciones anteriores que incluyeron otros servicios públicos y que habrían generado un deterioro en la infraestructura y desventajas para el sector público. Por ello, la actual gestión plantea recuperar la rectoría del Estado sobre el manejo del agua, bajo criterios de equidad, sostenibilidad y beneficio colectivo.