La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) alertó que el presupuesto federal para educación superior en 2026 se ubica entre los niveles más bajos desde 2018 y será insuficiente para cubrir el impacto de la inflación y las necesidades operativas de las instituciones públicas.

Según el análisis de la organización, el incremento aprobado por la Cámara de Diputados para las universidades públicas estatales será de 1.79 %, mientras que para las federales será de 3 %. Estas tasas de crecimiento quedan por debajo de las estimaciones oficiales de inflación, proyectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 3.5 %, así como del deflactor del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 4.8 % para este año, lo que implica una pérdida del poder de compra de los recursos asignados.

La ANUIES advirtió que esta brecha entre el ritmo de incremento presupuestal y el aumento de los costos reales afectará la operación de las universidades en sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión universitaria y ampliación de cobertura. La asociación estimó que, desde 2018, el déficit acumulado del sistema de educación superior asciende a 50 400 millones de pesos, de los cuales 42 600 millones corresponden a las Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario e Interculturales, que son las más vulnerables ante la insuficiencia de recursos federales y estatales.

Otro punto crítico identificado es la ausencia de una política salarial dentro del presupuesto 2026. De acuerdo con ANUIES, las negociaciones contractuales prevén un aumento promedio de 4 % en salarios y cerca de 2 % en prestaciones para personal administrativo y docente; sin embargo, estos incrementos no están contemplados en el gasto aprobado, lo que ha obligado a las instituciones a gestionar ampliaciones presupuestales extraordinarias para cumplir compromisos laborales básicos, como el pago de aguinaldos.

Frente a este panorama, la ANUIES solicitó al gobierno federal, especialmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública, definir mecanismos que permitan asignar recursos extraordinarios durante 2026, suficientes y al menos equivalentes al nivel de inflación, así como garantizar una política salarial para las universidades públicas.

La asociación subrayó que las instituciones han demostrado un uso responsable de los recursos y han implementado políticas de austeridad, pero reiteró la urgencia de encontrar soluciones sostenibles que permitan cumplir los mandatos constitucionales de educación superior de cara al presupuesto 2027.