El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para armonizar la Ley del Agua estatal con la Ley General de Aguas, con el objetivo de que el acceso al agua deje de considerarse un servicio administrativo y sea reconocido como un derecho humano fundamental y exigible, con prioridad para el uso doméstico sobre el industrial.

La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, María Soledad Amieva, quien explicó que la reforma responde a la obligación de adecuar las leyes locales a la nueva Ley General de Aguas, publicada en diciembre de 2025, la cual ordena a los congresos estatales garantizar este derecho en sus marcos normativos.

Entre las principales deficiencias de la legislación vigente, la iniciativa señala que la Ley del Agua de Puebla carece de principios claros de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, lo que debilita la gobernanza hídrica y limita el control social, especialmente en servicios concesionados.

También se advierte una falta de protección específica para grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños, adultos mayores y poblaciones rurales, así como la ausencia de mecanismos efectivos para evaluar la calidad y continuidad del servicio.

La reforma plantea fortalecer la rectoría del Estado y de los municipios en la gestión del agua, incluso bajo esquemas de concesión, y establecer un modelo alineado con estándares nacionales.