Trump responsabiliza a la víctima por tiroteo de ICE en Minneapolis en medio de protestas migratorias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó la responsabilidad del tiroteo ocurrido en Minneapolis, Minnesota, a la mujer que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Control de Aduanas (ICE), al señalar que habría obstruido un operativo migratorio y se habría resistido a la autoridad.
De acuerdo con la postura difundida por el mandatario, la actuación de la conductora habría generado un riesgo para los agentes durante el despliegue, versión que se enmarca en un contexto de creciente confrontación entre autoridades federales y manifestantes que rechazan las redadas migratorias en la ciudad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el hecho ocurrió durante un operativo a gran escala, cuando un grupo de personas intentó impedir las acciones de los agentes. Según la dependencia, uno de los vehículos involucrados fue utilizado para tratar de embestir a un elemento de ICE, lo que derivó en el uso de fuerza letal.
No obstante, videos difundidos en redes sociales muestran a la mujer rodeada por agentes que le ordenan descender del vehículo, sin que se observe de forma clara el momento en que el automóvil impacte a algún oficial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la versión oficial de los hechos.
Con este caso, Minnesota sumaría el quinto fallecimiento registrado durante operativos migratorios en lo que va de la actual administración, de acuerdo con un recuento del portal especializado The Trace, que da seguimiento a la violencia armada en Estados Unidos.
A nivel local, autoridades estatales han advertido que el incremento de redadas federales eleva el riesgo de enfrentamientos. En los últimos meses, Minneapolis ha sido escenario de protestas recurrentes por el endurecimiento de la política migratoria, particularmente en zonas con alta presencia de comunidades migrantes, como la somalí, una de las más numerosas en el estado.
El caso mantiene abiertas las tensiones entre el gobierno federal, autoridades locales y organizaciones comunitarias, mientras continúan las investigaciones sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados.



