La denominada Ley Antimilpa, también conocida como ley antimoches, será enviada al Congreso del Estado de Puebla después de mayo de 2026, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien precisó que la iniciativa aún se encuentra en etapa de preparación y no ha iniciado su ruta legislativa.

El funcionario explicó que la propuesta forma parte de una estrategia integral para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en el ejercicio público, tal como lo ha planteado el gobernador Alejandro Armenta. Aunque el tema ya comienza a generar interés, subrayó que el trabajo técnico y jurídico continúa antes de su presentación formal ante el Poder Legislativo.

García Parra detalló que uno de los ejes centrales de la reforma es establecer una corresponsabilidad entre el gobierno y las empresas que participan en proyectos públicos, con el objetivo de que estas reinviertan en el estado y contribuyan al desarrollo de las comunidades donde operan.

“La intención es evitar que los funcionarios se corrompan, impedir que empresarios busquen beneficios mediante dádivas y, al mismo tiempo, promover que quienes obtienen contratos públicos generen un impacto social positivo”, explicó.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca fijar nuevas reglas de integridad y responsabilidad tanto para servidores públicos como para el sector privado, cerrando espacios a prácticas irregulares y fortaleciendo la ética en la gestión de recursos públicos.