El Congreso del Estado de Puebla cerró el primer periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura con pendientes considerados estratégicos para la vida institucional y democrática de la entidad, los cuales serán retomados hasta 2026. Entre ellos destacan la reglamentación para la elección de jueces y magistrados, la Ley de Participación Ciudadana y de revocación de mandato, así como la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cargo que permanece vacante desde hace más de dos años.

Autoridades electorales advirtieron que la falta de reglas claras para la elección de integrantes del Poder Judicial local impide avanzar en la planeación del proceso previsto para junio de 2027. La presidenta del Instituto Electoral del Estado señaló que el Congreso tiene como fecha límite marzo de 2026 para aprobar la normativa correspondiente, ya que de ella depende también la definición del presupuesto para organizar dichos comicios. Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política se reconoció que durante 2025 no fue posible concretar esta reforma, por lo que su análisis se trasladó al siguiente periodo ordinario.

En la misma situación se encuentra la Ley de Participación Ciudadana, cuya discusión fue anunciada desde meses atrás pero no se materializó. Legisladores admitieron que los foros y mesas de trabajo con organizaciones sociales, academia y especialistas se realizarán hasta 2026, pese a que existen diversas iniciativas en la materia. Las propuestas contemplan mecanismos de democracia directa como referendos, plebiscitos, consultas ciudadanas y revocación de mandato, además de figuras como cabildo abierto, presupuesto participativo y parlamento abierto.

El tema de la revocación de mandato cobra especial relevancia luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso local legislar al respecto por una omisión previa. Entre los puntos que deberán definirse se encuentran el porcentaje de apoyo ciudadano necesario para solicitar el ejercicio, el nivel de participación requerido para que sea vinculante y la posibilidad de que se realice de forma concurrente con las elecciones de 2027.

A estos rezagos se suma la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado, proceso que fue pospuesto hasta enero de 2026. Aunque inicialmente se planteó que el nuevo auditor rindiera protesta a inicios del próximo año, la falta de tiempo para entrevistar a los aspirantes llevó a modificar el calendario. Tras una depuración de perfiles, once candidatos comparecerán ante la Junta de Gobierno, que deberá integrar una terna y someterla a votación del pleno.

La acumulación de estos pendientes mantiene en expectativa a diversos sectores, que advierten la necesidad de avanzar en reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En 2026, el Congreso de Puebla enfrentará el reto de resolver estos temas bajo plazos legales que ya no admiten nuevos aplazamientos.