El gobierno de Puebla ya abrió negociaciones para poner fin anticipado al contrato del Centro Integral de Servicios (CIS), una deuda heredada que se extiende hasta 2037. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirmó que existe una mesa de diálogo con Grupo Alfa, empresa vinculada a la familia Abed, con el objetivo de cerrar el acuerdo y frenar el impacto financiero para el estado.

García Parra explicó que la instrucción del gobernador Alejandro Armenta es clara: renegociar el contrato o, de no lograrlo, suspender pagos y acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar su anulación. La estrategia, dijo, busca liberar recursos públicos para atender otras prioridades en Puebla.

El funcionario reconoció que una terminación anticipada implicará un pago significativo, similar al proceso que se siguió con el Museo Internacional del Barroco. Aunque evitó detallar la propuesta presentada por la empresa, estimó que el costo de salida podría ubicarse entre los mil 500 y hasta los 3 mil 500 millones de pesos.

Desde el gobierno estatal se sostiene que el CIS ya fue pagado por encima de su valor real. De acuerdo con cifras oficiales, el estado ha erogado 2 mil 617 millones de pesos por un inmueble cuyo costo estimado es de mil 500 millones, mientras que aún restan más de 4 mil 300 millones por cubrir en los próximos años.

Ante este escenario, el gobernador ha advertido que, si no hay voluntad para renegociar, declarará una moratoria de pagos y llevará el caso ante la SCJN. “O llegamos a un acuerdo, o dejamos de pagar”, ha reiterado, al señalar que no permitirá que el estado continúe cargando con un contrato que considera desproporcionado y lesivo para las finanzas públicas.