Una eventual reactivación de una orden de aprehensión contra Lorenzo Rivera Nava, exalcalde de Chignahuapan, podría sacarlo de la contienda por la dirigencia estatal del PRI, justo cuando el partido se encamina a un proceso de renovación interna bajo la figura de una planilla de unidad. El tema comenzó a circular este martes en círculos políticos y jurídicos, con implicaciones directas en la vida interna del tricolor.

El señalamiento se vincula con hechos ocurridos durante su administración municipal, cuando presuntamente se autorizó la contratación de un elemento policial que contaba con antecedentes penales y una orden de aprehensión vigente por un homicidio ocurrido en 2018. De acuerdo con la información que ha trascendido, el caso está relacionado con el expediente 76/2022, en el que se señala a Juan Carlos Pérez como presunto responsable del asesinato de un albañil identificado como Ángel González.

El antecedente cobró mayor relevancia tras un operativo realizado el 4 de noviembre de 2022 en la comunidad de El Paredón, donde policías municipales y estatales fueron emboscados al atender un reporte de robo de vehículo. El enfrentamiento dejó dos agentes muertos, entre ellos el propio Juan Carlos Pérez, cuyo historial judicial previo a su contratación desató cuestionamientos sobre los controles de confianza aplicados en el gobierno municipal.

La polémica se intensificó al revelarse que la contratación del elemento estuvo a cargo del entonces secretario de Seguridad Pública de Chignahuapan, Manuel Flores Ordóñez, cuñado del alcalde en turno, lo que abrió señalamientos de posibles prácticas de nepotismo y omisiones administrativas en un área considerada estratégica para la seguridad pública.

Versiones internas apuntan a que, a finales de 2022, la orden de aprehensión contra Rivera Nava estaba lista para ejecutarse, pero el proceso quedó en pausa tras el fallecimiento del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta y posteriores acuerdos políticos. Hoy, la posible reactivación del expediente no solo reaviva un caso judicial pendiente, sino que amenaza con alterar el equilibrio político del PRI en Puebla en un momento decisivo para su reconfiguración interna.