Colectivos ciudadanos de Xoxtla acusaron al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) de rebasar de forma masiva el volumen de agua que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le autorizó para extraer en la zona. Documentos oficiales señalan que, mientras la concesión permite aprovechar 34.4 litros por segundo de los pozos Hylsa 1, 2 y 3, el organismo está bombeando hasta 330.5 litros por segundo, es decir, diez veces más de lo permitido.

De acuerdo con el Comité en Defensa del Agua, esta sobreexplotación no solo contraviene lo establecido en los títulos de concesión, sino que podría ser causa directa de su cancelación. El abogado del colectivo, Juan Carlos Flores Solís, subrayó que la extracción excesiva contrasta con la realidad que enfrentan los habitantes de Xoxtla, quienes reciben agua únicamente una vez por semana, pese a que los volúmenes disponibles serían suficientes para abastecer de manera regular al municipio.

Las cifras del Repda de Conagua evidencian la magnitud del problema: Soapap capta cada año más de 97 millones de metros cúbicos, equivalentes al 32 por ciento de la capacidad total de la presa de Valsequillo. A esto se suma el uso de la empresa Hylsa-Ternium, que consume más de 3 millones de metros cúbicos anuales. En conjunto, ambas entidades concentran el 99 por ciento del agua extraída en Xoxtla, según los 15 títulos vigentes.

Mientras tanto, los pobladores mantienen un plantón permanente para detener la perforación del llamado Pozo del Bienestar. Aunque el Segundo Tribunal Colegiado concedió inicialmente una suspensión provisional al considerar que los pozos Zócalo, Guillermo Prieto y 5 de Febrero pueden abastecer a la población, el Juzgado Noveno de Distrito retiró dicha medida, reactivando el conflicto legal. Aun así, Flores Solís advierte que Soapap carece de permisos de Conagua para continuar con la obra.

Las organizaciones sostienen que la falta de regulación en los pozos municipales ha facilitado un posible “huachicoleo de agua” por parte de autoridades y operadores. Por ello, anunciaron que seguirán impulsando acciones jurídicas para obtener una suspensión definitiva que impida abrir un nuevo pozo y evitar que la crisis hídrica en Xoxtla se profundice.