El Congreso del Estado aprobó este jueves la Ley de Ingresos 2026 por un monto de 131 mil 365.8 millones de pesos, sin modificaciones respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo, donde la mayoría de los legisladores respaldó el planteamiento al considerar que responde a un entorno económico complejo, mientras que la oposición advirtió que los recortes federales presionarán áreas clave como salud y seguridad.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vargas Vargas, defendió que el paquete de ingresos está construido sobre criterios de responsabilidad fiscal y aseguró que no se crearán nuevos impuestos para el próximo año. Subrayó que el estado mantendrá una política de cero endeudamiento y que más del 58 por ciento de los recursos serán de libre disposición, aunque reconoció que la dependencia federal sigue siendo alta.

La Secretaría de Planeación y Finanzas detalló que más del 90 por ciento de los recursos proyectados provendrán de la Federación, mientras que los ingresos propios —principales fuentes: ISN, tenencia y cobro de derechos— se mantendrán alrededor del 10 por ciento. La Ley de Ingresos incluye estímulos fiscales como descuentos del 25 por ciento en el Impuesto Sobre Nómina para empleadores con hasta cuatro trabajadores y exenciones del 100 por ciento para la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes en su primer empleo.

Desde la oposición, diputadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la reducción de aportaciones y convenios federales limitará la capacidad operativa del estado. Advirtieron caídas en fondos destinados a equipamiento de salud, apoyo a municipios y programas de infraestructura hídrica, lo que —según señalaron— podría comprometer la atención en los servicios públicos más sensibles. Aun así, Movimiento Ciudadano no votó en contra del dictamen.

En lo particular, la panista Susana Riestra propuso incluir en la ley el cobro por el uso de recintos públicos como el Teatro Principal y el Centro de Convenciones, argumentando que actualmente se realizan de forma discrecional. La mayoría desechó la propuesta al considerar que estos pagos responden a esquemas de arrendamiento y no deben catalogarse como derechos. Con 39 votos a favor y uno en contra, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.