Diputados aprueban reforma con penas más severas por tráfico de totoaba y delitos ambientales
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que endurece las sanciones por tráfico de totoaba, tala ilegal y delitos relacionados con el daño a ecosistemas estratégicos del país. Con 460 votos a favor, el proyecto avanza al Senado, donde continuará su trámite legislativo.
La actualización legal fortalece la respuesta del Estado frente a redes criminales que explotan especies protegidas y recursos forestales. En el caso de la totoaba (Totoaba macdonaldi) —una especie en peligro crítico cuya pesca ilegal afecta directamente el hábitat de la vaquita marina— las multas podrán alcanzar hasta 12 mil días, uno de los castigos económicos más altos en materia ambiental.
Datos de la NOAA Fisheries indican que el tráfico internacional del buche de totoaba ha impulsado una cadena criminal transnacional vinculada principalmente al mercado asiático, reforzando la urgencia de un marco punitivo más estricto (Referencia: NOAA Fisheries).
La reforma también incrementa las penas por quebrantamiento de sellos en áreas naturales protegidas, una práctica común en obras y actividades clandestinas. Estas sanciones pasarán de simples trabajos comunitarios a penas de seis meses a dos años de prisión, además de considerar la responsabilidad penal de empresas involucradas.
Otro punto central es el combate a la tala ilegal. México perdió cerca de 130 mil hectáreas de cobertura forestal solo en 2020, según estimaciones de Global Forest Watch, lo que respaldó el establecimiento de penas de 2 a 10 años de prisión y hasta 5 mil días de multa para quienes invadan, desmonten o cambien el uso de suelo en terrenos forestales.
Cuando estos delitos ocurran en Áreas Naturales Protegidas, las sanciones aumentarán hasta 20 años de prisión y 10 mil días de multa. Además, si se cometen con violencia o con fines de lucro, podrían agregarse hasta 15 años adicionales.
La reforma representa uno de los ajustes más amplios en materia penal ambiental de los últimos años, con el objetivo de frenar actividades que deterioran ecosistemas clave del país.




