Una niña de origen indígena, víctima de presunta violación en Huauchinango, no pudo denunciar de forma oportuna debido a que en el Ministerio Público no había un intérprete en su lengua materna, lo que impidió la recepción adecuada de su testimonio y retrasó el inicio formal de la investigación. El caso expuso nuevamente las brechas lingüísticas que siguen dejando en la indefensión a víctimas indígenas en Puebla.

Colectivas de Huauchinango, la activista Valeria Fuentes y Olimpia Coral hicieron público el hecho en redes sociales, denunciando que la falta de personal capacitado impidió el acceso oportuno a la justicia; sus señalamientos presionaron a las autoridades estatales a responder y a activar medidas de protección para la menor y su familia.

La Fiscalía General del Estado confirmó que, al no contar en ese momento con un perito traductor en náhuatl, se optó por salvaguardar a la niña, su madre, su abuela y su hermano en el Centro Libre Casa Carmen Serdán, donde recibieron resguardo y acompañamiento especializado.

Fue hasta la mañana del 25 de noviembre cuando pudieron iniciar formalmente las indagatorias, ya con el apoyo de un intérprete proporcionado por una organización civil experta en la lengua náhuatl, lo que permitió recoger el testimonio de la menor con los estándares que exige la ley.

Organizaciones y activistas exigieron la certificación urgente de intérpretes en náhuatl y otras lenguas originarias de Puebla, advirtiendo que casos como este evidencian un problema estructural: sin personal capacitado, las víctimas indígenas continúan enfrentando barreras que vulneran su derecho básico a denunciar y acceder a la justicia.