La tensión diplomática entre Perú y México aumentó luego de que el presidente peruano, José Jerí, declarara que analiza la posibilidad de ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece en esa sede bajo asilo. La medida es evaluada tras la orden judicial que impuso cinco meses de prisión preventiva contra la exfuncionaria.

Las autoridades peruanas mantienen vigilancia constante alrededor de la embajada, ante la advertencia de que Chávez sería arrestada en cuanto abandone el recinto diplomático. El gobierno peruano revisa las implicaciones jurídicas y diplomáticas del caso, al tiempo que sostiene que todas sus acciones deberán apegarse a compromisos internacionales, sin descartar escenarios más drásticos.

Chávez ingresó a la Embajada de México tras recibir asilo, luego de ser acusada por presuntos delitos comunes cometidos durante su gestión como primera ministra en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022. Su situación detonó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El gobierno de Perú sostiene que la Convención de Caracas, que obliga a otorgar salvoconductos a personas asiladas, no aplica en este caso, argumentando que no se trata de persecución política. En paralelo, la relación bilateral enfrenta nuevas fricciones ante las críticas por presunta injerencia externa, lo que mantiene el caso en un estado de alta sensibilidad diplomática.

La situación de Betssy Chávez continúa en análisis mientras el Ejecutivo peruano define los próximos pasos frente a la orden judicial y el resguardo diplomático otorgado por México.