El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que homologa el tipo penal en todo el país y eleva de manera significativa las sanciones; con 110 votos a favor, la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados tras incorporar ajustes en 15 artículos, entre ellos el aumento de penas que podrían alcanzar los 42 años de cárcel cuando se configuren agravantes.

La ley establece una definición única de extorsión, fija una pena base de 15 a 25 años de prisión y elimina la obligación de que las víctimas ratifiquen sus denuncias, las cuales incluso podrán realizarse de forma anónima. A partir del momento en que una autoridad tenga conocimiento del posible delito, deberá iniciar de oficio una investigación. Las bancadas de oposición respaldaron el proyecto, aunque advirtieron que su eficacia dependerá de que se asignen recursos suficientes para su implementación.

El nuevo marco legal incorpora tres categorías de agravantes, que podrán sumar entre cuatro y 17 años adicionales de cárcel. En la más alta se incluyen actos violentos, el uso de menores de edad, la participación de varias personas, la comisión del delito desde penales o la suplantación de autoridades. También contempla castigos específicos para servidores públicos que utilicen su cargo para cometer o facilitar extorsiones, quienes además serán destituidos e inhabilitados.

La legislación reconoce la extorsión como uno de los delitos de mayor crecimiento en el país y con una cifra negra superior al 97%. Por ello, incorpora sanciones para modalidades recientes como la extorsión digital, el uso de plataformas electrónicas, la simulación de secuestros y los fraudes tipo “montachoques”. Las agravantes de nivel medio consideran casos que afectan a personas vulnerables, mientras que las básicas sancionan prácticas como el “cobro de piso”.

Entre las innovaciones, se crea el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión, que operará desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y recibirá reportes a través del número 089. El organismo deberá generar inteligencia, coordinarse con autoridades estatales y promover la denuncia ciudadana. Con esta ley, el Poder Legislativo busca cerrar espacios a un delito que ha crecido pese a otras estrategias de seguridad.