El Poder Judicial de la Ciudad de México determinó procesar a 13 de las 18 personas detenidas durante las protestas del 15 de noviembre convocadas por la Generación Z. Tras una jornada de audiencias que se extendió hasta la madrugada del 19 de noviembre, dos de los señalados enfrentarán su proceso en prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que el resto continuará en libertad bajo medidas cautelares.

Las audiencias se llevaron a cabo por separado ante distintos jueces de control en el Reclusorio Norte. La Fiscalía capitalina presentó acusaciones por daños a infraestructura pública, así como por lesiones contra policías y civiles durante los disturbios ocurridos en el Zócalo y el Centro Histórico. Los juzgadores calificaron como legales las detenciones y comenzaron a revisar las carpetas de investigación.

Diez de los detenidos fueron vinculados a proceso por delitos no graves —cinco por resistencia de particulares y cinco por robo y lesiones—, por lo que seguirán su proceso en libertad con la obligación de firmar de manera periódica. Más tarde, un juez determinó la vinculación de tres personas más por homicidio en grado de tentativa, imponiendo prisión preventiva justificada a Quetzal Arturo González Rojas, de 18 años, y a Francisco García Colín, de 57.

En contraste, Gabriel Pérez Rábago, de 50 años, quien enfrentaba la misma acusación, quedó en libertad luego de que se confirmara que no participó en las protestas. Documentos oficiales demostraron que es trabajador del Gobierno capitalino en la Secretaría de Finanzas, por lo que solo se le impuso como medida cautelar la firma quincenal.

Cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Permanecerán en prisión preventiva hasta el viernes 21 de noviembre, cuando continuará la audiencia y se resolverá si son o no vinculados a proceso.