El Congreso de Puebla analiza una iniciativa que propone endurecer las sanciones contra el reclutamiento de menores para actividades delictivas, ante el incremento de casos vinculados al avance del crimen organizado en la entidad. La diputada Beatriz Manrique Guevara planteó castigos de hasta 20 años de prisión para cualquier adulto que incorpore, induzca o utilice a niñas, niños o adolescentes en labores ilícitas.

La propuesta integra la creación del artículo 186 Nonies en el Código Penal estatal, donde se especifican las conductas que serían consideradas delito: desde transportar o almacenar bienes ilegales hasta actuar como vigilantes, mensajeros o informantes, funciones comúnmente relacionadas con el “halconeo”. Las penas contempladas van de 10 a 20 años de cárcel y multas que podrían alcanzar mil 500 UMAs.

El proyecto también prevé sanciones más severas cuando se emplee violencia física o psicológica, se aproveche una condición de vulnerabilidad, se involucren menores de doce años o se utilicen plataformas digitales como redes sociales o videojuegos para captar a las víctimas. Asimismo, se duplica la pena si el reclutamiento es cometido por personas con autoridad o influencia directa sobre el menor, como familiares, profesores o servidores públicos.

La discusión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la participación forzada de menores en estructuras criminales. Organizaciones civiles y legisladores han advertido que el reclutamiento infantil ha aumentado en zonas urbanas y rurales, donde los jóvenes son atraídos mediante pagos mínimos o presiones familiares.