Estados Unidos dio un paso más en su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro al anunciar que pretende clasificar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que esta estructura criminal —que Washington atribuye al propio Maduro y a figuras de alto nivel del régimen venezolano— opera como un actor clave en la violencia y el narcotráfico que afectan al continente.

Rubio afirmó que este grupo, al que colocó al mismo nivel del Tren de Aragua y del Cártel de Sinaloa, mantiene operaciones que alimentan la violencia regional y abastecen de drogas a Estados Unidos y Europa. Según su postura, la designación permitiría reforzar acciones para bloquear recursos, perseguir a sus integrantes y ampliar las capacidades legales de Washington para actuar contra sus supuestas redes.

El anuncio llega en medio de un incremento de tensiones militares, luego de que Estados Unidos intensificara su presencia en el Caribe bajo el argumento de frenar el tráfico de estupefacientes. Para el gobierno de Venezuela, sin embargo, este despliegue no busca cortar rutas criminales, sino preparar las condiciones para forzar la salida de Maduro mediante presión militar y política.

Venezuela rechaza la narrativa estadounidense y asegura que las acusaciones carecen de fundamento. Maduro ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico y acusa a Estados Unidos de fabricar expedientes para justificar intervenciones y desestabilizar al país. Rubio, por su parte, sostuvo que ni el presidente venezolano ni sus allegados representan un gobierno legítimo y que han corrompido las instituciones del Estado para proteger sus intereses criminales.

Mientras tanto, organizaciones y especialistas cuestionan la actuación estadounidense en altamar. De acuerdo con un recuento de cifras públicas realizado por AFP, operativos militares de Estados Unidos han causado la muerte de al menos 83 personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, pero sin que se haya presentado evidencia concluyente sobre su culpabilidad.

Expertos consideran que estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, incluso en casos donde los fallecidos hayan estado involucrados en actividades ilícitas.