Senado pide investigar a Bonafont y Danone por presunta sobreexplotación de acuíferos en Zacatepec, Puebla
El Senado de la República solicitó una investigación integral sobre las operaciones de Bonafont y su matriz Danone en Santa María Zacatepec, Puebla, ante denuncias de sobreexplotación de acuíferos y presuntas prácticas de greenwashing.
La propuesta, presentada por el senador Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), fue avalada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y turnada al pleno para su discusión.
El punto de acuerdo exhorta a tres dependencias federales a intervenir: la Conagua deberá revisar las concesiones de agua otorgadas a la empresa; la Profeco investigará las denuncias comunitarias por afectaciones ecológicas y sociales; y la Semarnat deberá elaborar un informe sobre el impacto ambiental derivado de las actividades extractivas, incluido el socavón que permanece en la zona desde hace más de cuatro años.
Melgar Bravo advirtió que el caso podría constituir un ejemplo de greenwashing, pues la empresa promueve campañas globales de sostenibilidad mientras enfrenta señalamientos por extracción intensiva de recursos en la región Popo–Izta. De acuerdo con habitantes de la zona, la embotelladora habría llegado a extraer entre 1.4 y 2 millones de litros de agua diarios, aunque la compañía sostiene que utilizaba solo un pequeño porcentaje del acuífero.
Las comunidades acusan que la operación de Bonafont contribuyó al deterioro ambiental y al surgimiento del socavón en tierras de cultivo, lo que derivó en la toma de la planta el 22 de marzo de 2021, la cual se prolongó por más de un año hasta su desalojo en febrero de 2022. Desde entonces, el pozo de extracción fue clausurado y el inmueble funciona únicamente como centro de distribución.
El exhorto del Senado subraya que las autoridades deben verificar los planes ambientales de la empresa —como el plan 4R— y garantizar que cumplan con criterios de justicia ambiental y reparación de daños.
Las comunidades mantienen su exigencia de que la intervención federal aclare responsabilidades y atienda las afectaciones socioambientales que, aseguran, persisten desde hace más de cuatro años en la región.




