La red de negocios del magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta una nueva tormenta, pues ahora la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga una presunta red de lavado de dinero que involucra a 13 casinos, entre ellos dos vinculados a empresas del Grupo Salinas. Las autoridades detectaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que derivó en la suspensión de actividades y el bloqueo de cuentas bancarias.

De acuerdo con la investigación, los flujos financieros detectados siguieron patrones clásicos del lavado de dinero internacional: triangulación de recursos, dispersión mediante intermediarios sin capacidad económica —amas de casa, estudiantes y jubilados—, y movimientos hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Panamá. El caso no se limita al ámbito nacional: forma parte de un operativo coordinado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Grupo Salinas respondió de inmediato, calificando las acciones del gobierno como “acoso político” y asegurando que sus empresas cumplen con las normas nacionales e internacionales contra el lavado de dinero. En un comunicado, la firma defendió la legalidad de sus operaciones y acusó a la administración federal de usar el aparato del Estado con fines facciosos. Ricardo Salinas, fiel a su estilo, retomó su narrativa de “persecución” en redes sociales, acusando al gobierno de Claudia Sheinbaum de ejercer “terrorismo fiscal”.

No obstante, la investigación en curso apunta a un posible esquema financiero de gran alcance. Según la Secretaría de Hacienda, el uso de casinos para blanquear capitales ilícitos ha sido una práctica recurrente de grupos criminales, y las irregularidades detectadas en las empresas ligadas a Grupo Salinas coinciden con patrones internacionales de crimen financiero.

El caso coloca nuevamente a Salinas Pliego —dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca— en el ojo del huracán. Más allá de la disputa política, las autoridades sostienen que los hallazgos son producto de un análisis técnico y cooperación internacional, no de una confrontación ideológica. Si los indicios se confirman, este podría convertirse en uno de los mayores casos de lavado de dinero vinculados al sector privado en México.