Académicos y especialistas en Derecho y sociología coincidieron en que la iniciativa presentada en el Congreso de Puebla para prohibir la interpretación y reproducción de narcocorridos en eventos públicos genera un debate con doble lectura: algunos la consideran una medida necesaria para desincentivar la narcocultura, mientras que otros advierten que podría vulnerar la libertad de expresión.

La propuesta busca que Puebla se sume a otras entidades que ya restringen este tipo de expresiones musicales, bajo el argumento de que promueven la apología del delito y refuerzan estereotipos ligados al crimen organizado. De aprobarse, implicaría sanciones administrativas para quienes difundan o interpreten narcocorridos en espacios públicos o espectáculos masivos.

Para analistas sociales, la iniciativa forma parte del discurso estatal contra el crimen organizado y pretende enviar un mensaje simbólico de rechazo hacia manifestaciones culturales que normalizan la violencia, especialmente entre jóvenes.

Sin embargo, especialistas en Derecho alertaron que la medida podría contravenir el derecho constitucional a la libertad de expresión, protegido por la Constitución y tratados internacionales. Argumentaron que el Estado no debe decidir qué expresiones culturales son aceptables, ya que ello podría abrir la puerta a la censura y criminalización del arte.

Coincidieron en que la preocupación por la violencia es legítima, pero subrayaron que la solución debe centrarse en la educación, la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, no en la limitación de expresiones artísticas.

El debate sobre la llamada “Ley Anticorridos” sigue abierto en el Congreso local y deberá discutirse en comisiones antes de pasar al pleno. Mientras tanto, continúa polarizando posturas entre quienes la ven como una acción necesaria en lo social y quienes la consideran cuestionable en lo jurídico.